Las Organizaciones de la Sociedad Civil abajo firmantes hacemos un llamado a la Ministra de Salud Isabel Iturria a dialogar y trabajar de forma articulada para ofrecer respuestas urgentes a los graves problemas en la prevención, atención y tratamientos en VIH existentes en Venezuela:
Más de 1600 muertes por SIDA y 11 mil nuevas infecciones por VIH ocurren anualmente, la mayoría son jóvenes de 15 a 24 años de edad;No existe una campaña oficial para la prevención del VIH e ITS desde el año 2005;
- No hay condones femeninos y masculinos para la población sexualmente activa;
- No hay reactivos para exámenes de anticuerpos contra el VIH, conteo de CD4/CD8, carga viral y genotipo (resistencia viral), afectando a más de 200 mil personas con VIH;
- No hay sucedáneos de leche materna para niñas y niños con VIH;
- No hay datos epidemiológicos que permitan conocer el real comportamiento del VIH/SIDA;
- Estigma y discriminación por VIH acontecen en los ámbitos de salud, educación y laboral;
- Insuficiencia presupuestaria para la respuesta en prevención, atención y tratamientos en VIH.
Desde hace más de 30 años los distintos programas y servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil situadas en toda la geografía nacional, son ofrecidos de forma gratuita y sin exclusión de ningún tipo a las personas afectadas directa e indirectamente por el VIH, contribuyendo de este modo a reducir el impacto que produce la epidemia en Venezuela y cubrir los vacíos existentes de la respuesta del Estado venezolano en todo este tiempo.
Entre 1996-2001 las Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron a los gobiernos de Rafael Caldera y Hugo Chávez reconocieran la vida, salud, y los avances de la ciencia y tecnología a las personas con VIH y SIDA, derechos consagrados en las Constituciones de 1961 y 1999. Ambos fueron demandados ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien en un Mandato Constitucional de fecha 15 de julio de 1999, ordena al Ministerio de
Salud:
a) Entregar permanentemente los medicamentos antirretrovirales y para infecciones oportunistas, practicar las pruebas de laboratorio y brindar toda la atención integral que requieran las personas con VIH y SIDA;
b) Procurar los recursos suficientes para la respuesta del VIH/SIDA ante la Asamblea Nacional a través de la Ley de Presupuesto;
c) Desarrollar una política de información, tratamiento, y asistencia médica integral a favor de las Personas con VIH;
d) Hacer un estudio real de las necesidades prioritarias mínimas que requiere el Programa Nacional de SIDA/ITS. En 2001 el Mandato Constitucional fue ratificado por el TSJ. Gracias a estas acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, hoy día más de 45 mil personas con VIH y SIDA tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales en Venezuela.
De igual forma, le recordamos que el país se encuentra a la espera de la implementación del Plan Estratégico Nacional de VIH 2012-2016, construido con la participación y experiencia de todos los sectores y al cual el despacho de salud no le ha calculado, ni asignado los recursos necesarios para su ejecución.
Respecto de las aseguradoras privadas a las que se ha referido en sus declaraciones, le recordamos a la Ministra Iturria que:
a) La obligación de la prestación de servicios de atención y acceso a tratamientos para las personas con VIH es del Estado Venezolano; referir a las personas a aseguradoras es promover la privatización de la salud pública; y
b) En el año 2007, el TSJ desestimó las denuncias hechas por las Organizaciones con servicios en VIH/SIDA contra las cláusulas discriminatorias de las pólizas, aprobadas por la Superintendencia de Seguros.
Garantizar la vida y la salud de las personas con VIH/SIDA es una obligación del Estado y no de las empresas aseguradoras. El sistema de salud venezolano está regido, según nuestra Constitución, por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.
Por lo anterior, las Organizaciones de la Sociedad Civil con servicios en VIH/SIDA pone a la disposición su experiencia y compromiso al Ministerio del Poder Popular para la Salud, con la finalidad de contribuir con el ente sanitario para que cumpla con sus obligaciones pautadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan Estratégico Nacional 2012-2016 sobre la respuesta al VIH, SIDA y otras ITS, y en los compromisos internacionales asumidos por la Nación, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Declaración Política sobre VIH/SIDA (2011).
